COMPLICIDAD EMPRESARIAL Y POLÍTICAS REPRESIVAS

Audiencia N° 9, 22 de diciembre de 2020. Juicio “Pozo” de Banfield, “Pozo” de Quilmes y “El Infierno” de Avellaneda.

Testificaron Horacio Verbitsky y Bruno Nápoli acerca de la vinculación entre las fuerzas armadas y las empresas, en la represión.

Se encienden paulatinamente las ventanas del Zoom que dan principio a una nueva jornada del juicio. Detrás del Juez Ricardo Basílico, se erige una torre de libros bien ordenados que son escoltados por una minúscula banderita argentina y una Mamushka que le triplica el tamaño; sobre ese escenario se inaugura la novena audiencia con la introducción de los testigos del día, propuestos por la querella de la Dra. Guadalupe Godoy. En esta etapa, Horacio Verbitsky y Bruno Nápoli brindarán su declaración como testigos expertos. 

El procedimiento protocolar es mínimo y rápidamente Horacio Verbitsky comienza a declarar a partir del pie que le proporcionan las preguntas de la Dra. Godoy. Citado en función de su trayectoria dentro del periodismo de investigación, narra precisiones sobre una nota publicada en mayo de 1991 y sobre “Cuentas Pendientes”, libro que escribió en co-autoría con Pablo Bohoslavsky sobre los aportes empresariales a los delitos cometidos durante el gobierno de facto.

A 29 años de aquella investigación divulgada en Página 12, que adquiere un carácter relevante en la causa por mencionar a la víctimas englobadas en la misma, Verbitsky rememora la temática que allí aborda; la represión infringida a los trabajadores de Saiar Rheem. La empresa perteneciente al Grupo Garovaglio&Zorraquín, cuya expansión se incrementó en la dictadura, tuvo una relación de estrecha complicidad con la política represiva militar. En consecuencia, el hilo estructurador de la nota versa sobre la desaparición de Luis Adolfo Jaramillo, un obrero de nacionalidad chilena y sobre la familia Zorraquín.

Sin embargo, la nota trasciende a los años de dictadura.

“Se preocupaba mucho por la dignidad de los trabajadores frente a las políticas de la empresa” afirma Horacio sobre Luis Adolfo, con una complicidad compañera signada por la militancia. No tenía ningún cargo sindical, pero sí una tremenda influencia sobre los obreros, que en su mayoría atravesaban la franja etaria de los veintitantos.

Para 1976 con la planta militarizada, Jaramillo es despedido y secuestrado en el ínterin que regresaba del banco donde cobró la indemnización, en compañía de un funcionario de la fábrica. “El despido se usaba para ocultar el secuestro” dice Verbitsky, haciendo referencia a la metodología de desaparición y sustracción del botín que practicaban las empresas cómplices de la represión de estado.

El testimonio hace saltos en el tiempo.

A los efectos de la investigación, Horacio Verbitsky tuvo la oportunidad de entrevistar a un gerente de la empresa, cuya identidad revelara metafóricamente como “el hombre de dos mundos”. La referencia responde a la ambivalente actitud del personaje que, siendo formado al calor de la empresa, advertía curiosa sensibilidad para con los trabajadores. En ella, él confiesa que en el 75’ se efectuó una reunión en el edificio Libertador, sede del comando del ejército, con representantes de empresas ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, cuya finalidad consistía en la adquisición de datos sobre obreros gremialistas.

Por su puesto, obtenidos.

Continúa testificando con la referencia a la elaboración del libro “Cuentas Pendientes”, sobre el cual no se detiene para dar grandes detalles salvo por una sintética recapitulación de los trabajos que lo constituyen. Sin embargo, añade algunos detalles acerca de un trabajo posterior realizado desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en conjunto con el programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Secretaria de DDHH de Nación y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, donde ahondan en la confabulación empresarial con el ejército.  

El cuarto intermedio anuncia la transición a la próxima declaración.

***

Bruno Nápoli es docente en historia, convocado en calidad de aportante contextual en función del trabajo realizado para el libro “Economía Política y Sistema Financiero”, un informe sobre el rol de la Comisión Nacional de Valores en la dictadura, donde se hallan también casos pertenecientes a la causa. La investigación atestigua la colaboración entre los organismos estatales en el esquema represivo de las fuerzas armadas. “Es un poco denso. Está cargado de citas” asegura Nápoli, anticipando la experiencia del trabajo.

Producto de los constantes pedidos del Poder Judicial respecto a causas que involucran delitos de lesa, en 2011 Alejandro Vanoli, director en ese entonces de la Comisión Nacional de Valores (CNV), decide crear una secretaría de investigación y sistematización de los documentos del organismo, llamada Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia. Del equipo al que se le encomienda realizar la tarea, surge el primer Informe sobre la complicidad del sistema financiero y la dictadura. En él se atestigua la relación de coordinación represiva en conjunto con el Banco Central, el Banco Nación y la policía bancaria, expresada en la información que se proporcionaba para “secuestrar y desapoderar empresarios, banqueros y financistas” continua Bruno.

La exposición del trabajo es acompañada por un Power Point donde expresa con una precisión magistral el funcionamiento del organismo. Estima que la presentación durará media hora. Es rápido en la explicación, pero la información es tanta que se extiende en el tiempo.

“Fue sistemática la persecución de la CNV” afirma Nápoli, acerca de la persecución de la “subversión financiera” que se encomendaba el organismo. En correlación varias empresas que cotizaban en bolsa fueron intervenidas, como Papel Prensa, Siderúrgicas Grassi S.A y Carabassa, de las cuales una profusa lista empresarios y financistas han sido privados de su libertad.

Rebosando de expresividad, culmina su presentación, haciendo foco en la libertad para contraer deuda que mantenían los militares. Para 1976 el saldo se estimaba en unos 8 mil millones de dólares, que para mediados del 83´ ya se encontraba en los 45 mil millones de dólares. “Producto de este trabajo que hicieron las fuerzas armadas al ocupar el estado y estos grupos económicos al ocupar los espacios centrales y decisorios del sistema financiero” sintetiza, Bruno Nápoli.

***

La querella de la Dra. Myriam Espinoza solicita la incorporación del informe, pero la Dra. Carmen Ibañez de la defensa, interviene para pedir el previo análisis del material aportado con motivo de poder hacer observaciones sobre el mismo.

Sin más testimonios por el día, el Juez Ricardo Basilico da por finalizada la audiencia con una última mención sobre la elaboración de un protocolo de cara a pensar en la semi-presencialidad, acompañado por un cariñoso saludo por las fiestas que se aproximan.

Se van apagando las ventanas y resuenan ahogados murmullos deseando felicidades. Cuarto intermedio hasta el martes que viene.

 *Cobertura realizada por Azul Paez. 

Cómo citar este texto: Diario del juicio. (26-12-2020). “COMPLICIDAD EMPRESARIAL Y POLÍTICAS REPRESIVAS” . Recuperado de https://diariodeljuicioar.wordpress.com/?p=501

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