La causa

Causa unificada, juicio por los CCDTyE Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y “El Infierno” de Avellaneda.

Datos

Tribunal: TOF N°1 de La Plata
Causa: Unifica tres causas:

Pozo de Banfield: N° 737/2013 caratula “Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ apremios ilegales y detenidos (art 144 bis inc.3), vejación o apremios ilegales (Art. 144 bis inc. 2), supresión del estado civil de un menor (Art 139 inc. 2) según el texto original del C.P. Ley 11.179 y Homicidio agravado por el conocimiento de dos o más personas.

Pozo de Quilmes: FLP 605/2010 caratulada “Smart, Jaime Lamont y otros s/ privación ilegal de la libertad (art 144 Bbis inc 1 C.P.) e imposición de tortura (art. 144 ter. Inc. 1 C.P.)”.

Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda: FLP 34000189/2009, caratulada “Ferreyro, Miguel Angel – Trevisan, Bruno – Ferranti, Jorge Romulo s/ privación ilegal de la libertad (art 142 inc 1 C.P.)”.

Jueces: Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico.

Fiscales: fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, y por el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlín.

Imputados

El ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex ministro de Gobierno, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el ex cabo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro; el ex jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío; y el ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci.

También son juzgados los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; los jefes del Grupo de Actividades Especiales en diferentes momentos, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Ricardo Armando Fernández; el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los entonces capitanes Carlos Gustavo Fontana y Carlos del Señor Hidalgo Garzón; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.

Querella

Querellas unificadas de las Secretaría de DDHH de la Nación y la Subsecretaría de DDHH de la Provincia; Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; abogada querellante Guadalupe Godoy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El abogado querellante y Secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy. Querella de Justicia Ya.

Cantidad de víctimas

253 que estuvieron en el Pozo de Banfield, y 181 que pasaron por el Pozo de Quilmes. De esas víctimas 36 estuvieron en ambos CCD. Además se juzgarán 4 asesinatos. 62 víctimas del CCD El Infierno.

Casos relevantes

Las víctimas de la Noche de los Lápices, del Plan Cóndor y el caso de los hermanos Ramírez. Actos de secuestros, torturas, homicidios, abusos sexuales, apropiación de menores de 10 años, maternidad clandestina en el pozo de Banfield.

El juicio alcanza a 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio – muchos de sus hijos/as aún apropiados- o que estuvieron detenidas en esos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ellas son: Cristina Navajas, Gabriela Carriquiriborde, Gladis Pujol, María Eloisa Castellini, Diana Wlichky, Silvia Isabella Valenzi, Silvia Muñoz, María Adelia Garin, Cristina Marrocco, Eva De Jesus Gomez De Agüero y Mónica Grinspon; Liliana Ross, asesinada embarazada; Stella Maris Montesano (madre de Martín Ogando Montesano), Mónica Lemos (madre de María José Lavalle Lemos), Aída Sanz (madre de Carmen Gallo Sanz), Yolanda Casco (madre de Carlos D’Elía Casco), María Asunción Artigas (madre de Victoria Moyano Artigas) y Liliana Acuña (madre de Valeria Gutiérrez Acuña).

También se incluyen los casos de los niños Carlos D’Elía Casco, Victoria Moyano Artigas, Carmen Gallo Sanz, María José Lavalle Lemos y Martín Ogando Montesano, todos/as nietos/as restituidos/as; Victoria Petrakos Castellini, a quien se continúa buscando desde Abuelas de Plaza de Mayo, y Teresa Laborde, hija de la sobreviviente Adriana Calvo, nacida durante el cautiverio de su madre.

Cantidad de testigos

500 testigos brindarán declaración (400 provenientes de la causa Quilmes-Banfield).

Elevación a juicio

El primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en marzo de 2012. A ese primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en 2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018.

El expediente por el CCDTyE “Infierno” se elevó a juicio en mayo de 2017 incluyendo a 8 represores por 62 víctimas. Desde su elevación a la fecha, murieron impunes el subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere, el militar y ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la Brigada de Lanús, Rómulo Ferranti y en julio pasado el jefe máximo del CCD, Bruno Trevisán. La causa por “El Infierno” iba a ser juzgada por otra versión del TOF1 integrada por Ricardo Basílico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, pero decidieron deshacerse del expediente.

Modalidad virtual

Se determinó que la primera etapa del debate se celebre de modo enteramente virtual, priorizando la incorporación de material por lectura, con proyecciones de testimonios brindados en otros juicios por testigos que hoy no pueden declarar y con aquellas declaraciones que se encontraban pautadas para realizarse por videoconferencia. Para una segunda parte, la fiscalía propuso -al igual que lo hizo en otros procesos en el marco de la pandemia- que las instituciones que prestan asistencia en la contención y protección de testigos informen al tribunal qué personas desean declarar de modo presencial y quiénes de forma virtual, previo a exponer a cada una de ellas las diferentes alternativas que plantea el proceso, a fin de que puedan brindar un consentimiento informado. (fuente: www.fiscales.gob.ar)

Fuentes consultadas

https://argentina.indymedia.org/2020/09/29/unifican-los-juicios-por-los-ccdtye-pozo-de-banfield-pozo-de-quilmes-y-el-infierno/

https://www.pagina12.com.ar/286382-nuevo-comienzo-para-el-juicio-por-los-crimenes-de-los-pozos

www.fiscales.gob.ar